"Nadie es capaz de ver las cosas como son, si antes no sabe como deben ser"

viernes, 26 de diciembre de 2008

Seguimos con Bolonia

Bolonia: es el dinero, estúpido
La financiación de las universidades no llega para poner en marcha en España la reforma europea - El endeudamiento total es bajo, aunque 10 centros tienen déficit

SUSANA PÉREZ DE PABLOS 26/12/2008

No tienen suficientes recursos para el cambio que se les pide, algunas comunidades autónomas les han recortado o congelado su presupuesto, deben poner en marcha numerosos másteres que les cuestan caros, los alumnos pagan el 12% de media de lo que cuestan realmente sus estudios y tienen muchos títulos con pocos alumnos que les cuesta una millonada mantener.

No tienen suficientes recursos para el cambio que se les pide, algunas comunidades autónomas les han recortado o congelado su presupuesto, deben poner en marcha numerosos másteres que les cuestan caros, los alumnos pagan el 12% de media de lo que cuestan realmente sus estudios y tienen muchos títulos con pocos alumnos que les cuesta una millonada mantener. La escasez de la financiación para docencia e investigación tiene muchísimo que ver con los problemas que están sufriendo las universidades públicas y con el conflicto por la puesta en marcha de la reforma de Bolonia. "Es la economía, estúpido", se decía en el seno de la campaña electoral de Bill Clinton de 1992, en la que se enfrentó a George H. W. Bush (padre), que le llevó a convertirse en presidente de Estados Unidos. La frase se ha popularizado para remarcar un aspecto que se considera esencial. Es cierto que en el caso de la aplicación de Bolonia el problema no es sólo el dinero, pero sí es el primer escollo.

Éste es el panorama: la plantilla de profesorado no está ajustada a la demanda en muchas titulaciones, no hay suficiente flexibilidad legal para la movilidad de docentes entre ramas de conocimiento y universidades, y el dinero que se da para proyectos de investigación no cubre los gastos complementarios para ejecutarlos. Esto hace, paradójicamente, que las universidades que más investigan estén expuestas a un mayor déficit.

Ante esta situación, los expertos en economía de la educación advierten que malamente se pueden poner en marcha los principales objetivos de modernización que incluye la Declaración de Bolonia, como el cambio a un modelo de aprendizaje (en el que los docentes deben hacer mayor seguimiento del alumno en horas de tutoría) y establecer nuevos másteres, que son caros. Y tampoco el objetivo del Gobierno (para lo que se creó el nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, al que pertenecen las universidades) de fomentar la investigación y la transferencia de sus resultados a las empresas con el fin último de cambiar el modelo económico de España del ladrillo y el turismo por la inversión en investigación.

Las cifras hablan en contra de todo esto. En primer lugar, el esfuerzo inversor realizado por España en la última década no se corresponde con el de los Quince, que es el modelo. España destina a la Universidad el 1,03% de su PIB, de los que la financiación pública representa la inmensa mayoría, el 0,91%, según el informe de la Conferencia de Rectores La Universidad en cifras. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) eleva la cifra total que destina el país a todas las instituciones de educación superior al 1,1% del PIB.

En la UE de los 15, la media de inversión, pública y privada, se sitúa en el 1,3% del PIB. Suecia o Finlandia ya invertían en 1996 más del 1,5% de su PIB.

Pero lo que refleja que España no está haciendo una apuesta por la Universidad son los datos sobre el esfuerzo público. Revelan que en los últimos diez años, éste no ha crecido apenas. En 1995, se destinaba el 0,8% del PIB al sistema público de universidades, diez años después, el 0,9%, según la OCDE.

"Hay que apostar por el cambio de modelo de aprendizaje que exige Bolonia, para lo que hay que aumentar la inversión. Para reducir la diferencia con la UE de los 15 no se puede seguir haciendo el mismo esfuerzo que hace una década. Si se quiere cambiar el modelo es necesario poner más dinero público", advierte el profesor de Economía de la Universidad de Jaén, Juan Hernández Armenteros, que ha sido gerente de este centro durante 14 años y director de los informes La universidad española en cifras para la Conferencia de Rectores.

Las universidades públicas tienen el 88% de peso en el sistema educativo (en número de títulos que ofrecen, de demanda, de titulados y de financiación). Los últimos datos cerrados son del curso 2006-2007, pero apenas hay variación desde entonces. Estos centros ofrecen 2.790 títulos de Grado, hay 1,27 millones de estudiantes y se titulan cada curso alrededor de 165.000 estudiantes. Para todo ellos disponen de una financiación de 8.927 millones de euros (de los cuales 8.369 son de las públicas presenciales), según los últimos datos cerrados, de 2006. Las privadas representan el 11,8% de la financiación de la universidad española, con 1.194 millones. Juntando ambas, España invierte en sus universidades el 1,03% de su PIB.

Según concluyó ese informe elaborado por el Consejo de Universidades, hace falta incrementar la financiación 2.733 millones de euros, de los que el 80% debería provenir de las administraciones públicas y el resto de financiación privada (como, por ejemplo, mediante el aumento de los contratos de investigación). Este estudio también sugiere una distribución de los recursos de forma que el 1% del PIB vaya para docencia y el 0,5% para investigación. De los 2.733 millones, 1.000 estarían relacionados con la adaptación del Espacio Europeo de Educación Superior.

"El principal problema es que no se saben exactamente los costes. Hay que redefinir el modelo docente, los gastos de los másteres y los complementarios de la investigación. Entonces se sabrá lo que necesitamos exactamente", dice el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Barcelona Enric Canela, quien fue uno de los miembros de la comisión del Consejo de Universidades que analizó la situación financiera del sistema. Ésta es la prioridad en la que todos coinciden.

Aparte está la falta de flexibilidad en la movilidad del profesorado. Esto es complejo, coinciden todos los expertos. Mover a los docentes y al alumnado para racionalizar el sistema según la demanda y según el número de profesores con los que se cuenta es casi un imposible. Requeriría tantas becas, pagar alojamientos, traslados, y que, además, las universidades y los departamentos, sobre todo, accedieran a compartir títulos. Lo que no quiere decir que no se pueda hacer en algunos casos, entre campus situados en grandes ciudades, por ejemplo. Esa flexibilidad ayudaría mucho a mejorar el sistema. El Gobierno planea, de hecho, permitir la movilidad del profesorado entre universidades durante cinco años, algo que ya se verá si tiene adeptos.

Además, el profesorado en España está muy especializado, lo que hace difícil que se mueva a otras titulaciones. Bolonia introduce otro concepto de enseñanza en la que el alumno es el que manda. Es decir, hasta ahora el profesor trabaja 1.500 horas al año de media, incluidas tutorías a las que a veces no va nadie. Con Bolonia, esas tutorías son obligatorias, forman parte de los créditos del alumno. Esto impide a los docentes usar esas horas (las mismas que ahora en total, más o menos) para otros fines, como preparar clases o incluso para investigar, como hacen algunos.

Volviendo a los datos, aunque la inversión respecto al PIB deja mucho que desear, otra cosa es el endeudamiento de los centros superiores públicos. De acuerdo con los datos de 2006, las universidades deben en total 1.396 millones, lo que representa un endeudamiento respecto a su presupuesto de un 16,6% (en 1996 era del 13%). "No hay un endeudamiento preocupante del sistema en general; otra cosa es que algunas universidades o comunidades sí tengan dificultades", explica Hernández Armenteros. Sólo como referencia: el endeudamiento de España ronda el 34% del PIB y el Tratado de Maastricht permitía hasta el 60%.

Las universidades que están en números rojos (es decir, con déficit en sus operaciones no financieras por variados motivos) son 10. De ellas, están en una situación menos drástica las de Valladolid (1,85%), Barcelona (3,82%), Girona (3,07%), Politécnica de Cataluña (3,00%), Alcalá de Henares (7,53%) y UNED (0,89%). Pero hay cuatro -Zaragoza (2,73%), Burgos (2,45%), León (2,67%) y Salamanca (0,22%)- que se encuentran en una situación de déficit "preocupante", ya que tienen lo que se llama "ahorro negativo". Esto quiere decir que los recursos que generan ni siquiera cubren sus gastos de personal y funcionamiento. Algunos centros (como la Politécnica de Cataluña o la de Barcelona) tienen déficit, sobre todo, porque hacen más investigación para la que no reciben suficientes recursos.

En este último aspecto es en el que más financiación hace falta, sobre todo para el mantenimiento de los proyectos. Las universidades públicas ingresan 1.100 millones de euros (según datos de 2006) por la actividad investigadora que realizan.

También hay muchas diferencias entre comunidades en el gasto por alumno. Pero en este análisis hay que tener en cuenta que hay autonomías con muchas universidades (como Madrid o Cataluña) y otras con una. La media de España es de 5.709 euros por estudiante. La que más se gasta es Navarra (8.200 euros por estudiante) en 2006, seguida de Cantabria (6.800), Cataluña, Aragón y País Vasco (6.700, todas ellas). Las que menos, Extremadura (4.300), Baleares (4.800), Andalucía (4.900) y Galicia (4.900).

Si la racionalización de la oferta de carreras debería ir acompañada de un considerable aumento de las becas de movilidad, qué decir de los másteres. Si además tienen que ser a precios públicos, como demandan los alumnos para que no se discrimine a los que tengan menos recursos económicos, (esto es, que cueste como un curso de un Grado), difícilmente el sistema podrá asumir una oferta elevada. También hay que tener en cuenta que en los Grados puede haber un centenar de alumnos, pero los másteres no contarán con más de 40 o 50, lo que hace aún menos rentable su mantenimiento.

Los datos que maneja Hernández Armenteros revelan que se tiende a ofrecer un máster por cada dos títulos de Grado, lo que es insostenible en el tiempo, apuntan todos los expertos consultados, y los propios datos. Calero expone un razonable análisis de la situación que se avecina: "No pueden costar lo mismo todos. Hay tres tipos: los que se necesita realizar para hacer luego un doctorado, que ya prácticamente no se pagan (porque los alumnos están becados y tienen contratos con la universidad que les eximen de ello); luego están los que son obligatorios para ejercer una profesión (el de profesor de instituto, las ingenierías que se denominaban superiores que pasan a ser másteres o el necesario para ejercer como abogado), que deben tener precios públicos, como el de un curso de Grado, y finalmente están los de adquisición de conocimientos. "Es absurdo hacer estos últimos antes de ejercer una profesión, y pueden tener precios muy diferentes, según de qué se trate".

Este experto concluye echando abajo un mito: que no se va a encontrar trabajo sin un máster. "No es verdad. El título de Grado es suficiente para salir al mercado. Sólo hay que hacer un máster cuando tiene sentido ampliar conocimientos cuando se tiene muy claro en qué se necesitan más conocimientos".

© Diario EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200

viernes, 19 de diciembre de 2008

Antisistema

JUAN JOSÉ MILLÁS
Aclaración

JUAN JOSÉ MILLÁS 19/12/2008

A ver si nos ponemos de acuerdo con el significado de las palabras porque esto empieza a parecer la Torre de Babel. Esos chicos que se encadenan a las puertas de una reunión del G-8 no son antisistema. Por el contrario, lo fortalecen al dar trabajo a la policía. Antisistema es el que bombardea un país entero amparado en una documentación falsa fabricada por él mismo. Antisistema es el cómplice de esa acción. Antisistema es el que colabora en el traslado ilegal de seres humanos secuestrados a punta de pistola para ser torturados en agujeros antisistema como Guantánamo. Antisistema es el juez que en vez de comportarse como un poder del Estado hace declaraciones propias de un tonto del culo. Antisistema es el que pretende convertir a la Universidad en la correa de transmisión de los intereses empresariales. Antisistema es el banquero que da préstamos a personas que no tienen ninguna posibilidad de devolverlos. Antisistema es el tasador que valora en 100 un piso de 70. Antisistema son las personas de orden como Madoff, con el que hasta hace cuatro días querían cenar hasta los obispos. Antisistema, por cierto, son los obispos y arzobispos pederastas y quienes les protegen para que no vayan a la cárcel. Antisistema es, por ejemplo, el presidente de la Comunidad de Valencia, que ha estado boicoteando durante tres meses una asignatura (dos, si contamos el inglés) que forma parte del currículum escolar. Antisistema es quien pone sus intereses particulares por encima de la lucha antiterrorista (Aguirre, sin ir más lejos). Antisistema son los supervisores, los gestores, los auditores y los custodios que han estado mirando hacia otro lado. Antisistema es el que presta el dinero gratis, revelando así su auténtico valor de mierda. Antisistema, en fin, es el sistema, que viene a ser lo mismo que si el hígado fuera antihígado.

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martes, 16 de diciembre de 2008

El sentido común obtiene su rectificación

FRACASA EL INTENTO DE BOICOT DEL PP A LA NUEVA ASIGNATURA
Camps entierra su ocurrencia de Ciudadanía
Font de Mora asume en una circular que no sea obligado dar la materia en inglés - La Plataforma per l'Ensenyament Públic aplaza la huelga prevista para mañana

NEUS CABALLER - Valencia - 16/12/2008

La amenaza de una huelga general en todo el sistema educativo público valenciano, mañana, ha acabado con la ocurrencia de Francisco Camps de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés, con profesor-traductor incluido si fuera necesario.

La amenaza de una huelga general en todo el sistema educativo público valenciano, mañana, ha acabado con la ocurrencia de Francisco Camps de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés, con profesor-traductor incluido si fuera necesario. El boicot de la Generalitat a esta asignatura introducida por la Ley Orgánica de Educación (LOE) -que en España están cursando más de 600.000 alumnos con normalidad- no ha resistido tres meses. El presidente valenciano, de viaje en Estados Unidos, autorizó ayer, a través de su consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, a que esta materia de Derechos Humanos, que el PP objeta en toda España, se estudie el resto del curso como cualquier otra asignatura "en una de las dos lenguas cooficiales" de la Comunidad Valenciana.

Una circular de Educación de tres páginas entierra de hecho la singular fórmula ideada por Camps de que el inglés sea obligatorio en las clases de Ciudadanía mediante traducción simultánea por parte de un segundo profesor. Y devuelve la normalidad a las aulas valencianas, al menos hasta el 15 de febrero, fecha límite impuesta a la Administración por las asociaciones de padres y alumnos y los sindicatos CC OO, STEPV y UGT, para "cerrar" una agenda de negociación más amplia que contiene 13 puntos, que abarcan desde la creación de 47.000 plazas públicas de Infantil en el curso 2011-2012 a la contratación de 300 profesores más de lengua extranjera el curso que viene o el diseño de un plan autonómico eficaz para combatir el alto índice de absentismo y fracaso escolar entre los jóvenes de 16 a 24 años sin título de ESO.

El giro de la Administración de Camps en el tema del inglés obligatorio en Ciudadanía fue la tabla de salvación para superar lo que podría haber sido la primera huelga general en todas las etapas educativas no universitarias, que queda aplazada.

Con esta rectificación, la consejería asume su propia debilidad legal para sostener la orden valenciana del 10 de junio que regulaba la obligación de dar las clases de Ciudadanía en inglés. Una orden sobre la que pesa un auto de suspensión cautelar parcial, que limitaba seriamente la extensión del inglés a través de esta materia. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), antes de que acabe el curso, debe resolver los recursos presentados por los tres sindicatos mayoritarios del sector público y por el Gobierno.

Desde la Plataforma per l'Ensenyament Públic, su portavoz, Gemma Piqué, aplaudió ayer esta "asunción de la imposibilidad de dar las clases en inglés" a través de una materia de contenidos filosóficos y valoró el acuerdo alcanzado anoche con el consejero Font de Mora como "un paso muy importante" hacia la normalización de las truncadas relaciones.La Plataforma es hoy por una amalgama de todos los actores con "capacidad legal para negociar con la Consejería de Educación" -desde padres y alumnos a sindicatos, directores, inspectores y la entidad Escola Valenciana- que se ha agrupado alrededor de la oposición a la norma.

Este movimiento unitario se ha reproducido por ciudades y zonas educativas y ha ido sumando adscripciones a lo largo de todo el primer trimestre lectivo, provocando múltiples movilizaciones, encierros y pronunciamientos de la práctica totalidad de los claustros de los 1.600 colegios e institutos valencianos. La protesta se materializó durante la manifestación que reunió en Valencia a más de 44.000 ciudadanos "contra la política educativa de Camps" el pasado 29 de noviembre.

La singular fórmula lanzada por Camps hace sólo un año -en la cumbre mundial de la educación de la OCDE- sólo sobrevivirá unos meses más en el puñado de institutos donde el profesor titular de la materia tenga la doble capacitación para enseñarla en inglés, siempre que así lo decida el centro, en función del nivel de comprensión del inglés que tengan sus estudiantes de 2º curso de Secundaria.

El nivel de presión social, política y educativa sobre este "disparate administrativo y pedagógico" -como lo han tildado los 400 inspectores de la asociación profesional Adide en su congreso nacional- ha hecho que la Administración de Camps haya pasado de sostener que "el inglés es el punto de inflexión innegociable" a aceptar que no se dan las condiciones.

Anoche, en un acto de contricción política, el consejero Font de Mora reconoció, en la mesa sectorial con los padres, "el momento tenso y duro" que se ha vivido recientemente. Y garantizó a los representantes de la Confederación Gonzalo Anaya "un cambio de actitud" y "un compromiso de trabajar conjuntamente en un modelo educativo plurilingüe". El primer compromiso adquirido fue inyectar al Presupuesto de la Generalitat de 2009 "un total de 7 millones de euros" para la aplicación de un plan de enseñanza multilingüe -castellano, valenciano e inglés- que se estrenaría el próximo curso 2009-2010 y contaría con 300 plazas más para profesores especialistas de inglés.

"Las bases sentadas suponen un cambio completo y complejo del sistema educativo para que el que se requerirán muchas negociaciones y reuniones con los agentes educativos", puntualizó Encarna Salvador, de la confederación de padres Gonzalo Anaya, que destacó la voluntad mostrada por el consejero para enriquecer el documento "abierto a las alegaciones y aportaciones" que se trabajarán en las próximas mesas de trabajo y en el seno del Consell Escolar Valencià.

La Federació Escola Valenciana, que la semana pasada presentó a la consejería unas directrices sobre cómo aplicar un modelo de enseñanza multilingüe a partir del valenciano y el castellano, se sentará por primera vez formalmente en aquellas mesas de negociación que aborden específicamente los temas del plurilingüismo.

El consejero mantuvo, en su ronda exprés de negociaciones, una reunión con la federación valenciana de alumnos Faavaem, a cuyos representantes pasó de ignorar como interlocutores válidos a sentarse a hablar con ellos "en un tono cordial".

Finalmente, la maratoniana jornada negociadora de Font de Mora concluyó con la mesa con los tres sindicatos mayoritarios de la enseñanza pública, STEPV, CC OO y UGT, que formalmente son los que habían convocado mañana a la huelga a los 54.000 profesores y al personal de apoyo dependiente de la Consejería de Educación.

Los sindicatos fueron los que finalmente apretaron un poco más a Font de Mora para acotar los plazos del calendario de negociación y comprimir todas las mesas entre el 15 enero y el 15 de febrero de 2009. Mientras que la primera propuesta de la consejería había sido alargar la negociación hasta abril.

Con este acuerdo se selló el aplazamiento de la huelga de mañana. Y se concede a la consejería "sólo un mes" para verificar su voluntad real de imprimir un giro a política educativa llevada hasta ahora. De lo contrario, la Plataforma advirtió que la huelga simplemente se trasladará a febrero.
Cronología de un conflicto

- 19 septiembre de 2007: El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, anuncia que Educación para la Ciudadanía se dará en inglés "dentro del plan de extensión del trilingüismo".

- 14 de marzo de 2008: El consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, explica que se impartirá el curso 2008-2009 y que habrá una opción para "objetores".

- 31 de marzo: Font de Mora presenta la opción B para los objetores, que consiste en un trabajo escogido por la familia.

- 10 de junio: Educación publica la orden de Ciudadanía.

- 13 de junio al 3 de julio: STEPV y UGT recurren la orden. El Gobierno y CC OO piden la suspensión cautelar.

- 29 de julio: El TSJ dicta la suspensión cautelar parcial y anula la opción B.

- 2 de septiembre al 28 de octubre: Educación elabora hasta cuatro "instrucciones". Sólo hay 11 "voluntarios" y 31 interinos para 2.120 aulas y 363 instituto

- 24 de septiembre: Expediente a un instituto de Altea.

- 1 de octubre. Los directores denuncian que no hay condiciones para dar Ciudadanía en inglés.

- 16 de octubre: Comienzan las protestas y encierros en los centros de la Plataforma per l'Ensenyament Públic.

- 18 de noviembre: Camps rectifica, anuncia una moratoria y negocia una salida.

- 19 de noviembre: La Plataforma mantiene la manifestación del 29 de noviembre y la huelga del 17 de diciembre.

- 24 de noviembre: Educación sigue sin aclarar en qué consiste su "moratoria" y pide "ideas" a los miembros de la Plataforma.

- 25 de noviembre: La Plataforma pide el cese de los "insultos" y del "desprecio" por parte de altos cargos del Consell y del propio consejero Alejandro Font de Mora.

- 26 de noviembre: Más de 500 centros educativos anuncian, en pronunciamientos individuales de los consejos escolares y las Ampa, que se suman a la manifestación del 29-N.

- 29 de noviembre: Una marea ciudadana acude a la manifestación por la enseñanza pública en Valencia y protesta contra la política educativa de Camps. La Policía Nacional cifra en más de 44.000 los asistentes.

- 1 de diciembre: Font de Mora asume las riendas de la negociación en vez de delegar en la secretaria autonómica, como pedía la Plataforma.

- 2 de diciembre: Amnistía Internacional recuerda a la Generalitat que el boicot a Ciudadanía "vulnera" el programa de Derechos Humanos de la ONU.

- 11 de enero: Educación intenta restringir el derecho de los alumnos a la huelga convocada formalmente para el 17 de diciembre.

- 15 de enero: El DOCV publica unos "servicios mínimos" que dejan al 40% del profesorado sin derecho a huelga.
Compromisos para la negociación

- Red pública infantil: 47.000 plazas más en 2011/12.

- Profesores de inglés: 300 maestros para 4 y 5 años.

- Mapa escolar: Que dé respuesta a las nuevas necesidades educativas.

- Revisión de plantillas: Cambio del modelo para lograr destinos fijos.

- Catalogación lingüística: En las plazas docentes de Secundaria en valenciano.

- Distribución equitativa del alumnado: En la red pública y la concertada.

- Plan de plurilingüismo: Culminar la Primaria con valenciano y castellano.

- Plan contra el fracaso escolar: Diseño y evaluación de planes para que los jóvenes tengan título de ESO.

- Bachillerato: Plan para el paso de los alumnos de ESO a Bachillerato.

- Inspectores: Equidad en el concurso de méritos de inspectores.

- Directores: Neutralidad en la elección.

- Becas: Para transporte y comedor escolar en educación Infantil.

lunes, 15 de diciembre de 2008

Educación para la ciudadanía

Educación renunciará al inglés obligatorio en Ciudadanía para evitar la huelga

NEUS CABALLER - Valencia - 15/12/2008

La amenaza de una huelga general en todo el sistema educativo público no universitario, el próximo miércoles 17, ha acabado por hacer mella en la Generalitat. A 48 horas de que los colegios e institutos valencianos corran el riesgo de "vaciarse" de alumnos y profesores, la Consejería de Educación ha pisado por fin el acelerador en busca de un "acuerdo consesuado".

La amenaza de una huelga general en todo el sistema educativo público no universitario, el próximo miércoles 17, ha acabado por hacer mella en la Generalitat. A 48 horas de que los colegios e institutos valencianos corran el riesgo de "vaciarse" de alumnos y profesores, la Consejería de Educación ha pisado por fin el acelerador en busca de un "acuerdo consesuado" con todos los sectores de la enseñanza pública integrados en la Plataforma per l'Ensenyament Públic. La Administración ha elaborado una "propuesta de negociación, exhaustiva y con plazos calendarizados" en la que asume discutir en diferentes meses "todas las reivindicaciones" de la Plataforma para reformar la escuela pública, que han sido el motor de las múltiples manifestaciones y encierros que se han reproducido a lo largo del primer trimestre lectivo. Y, en concreto, otorga una salida normativa al "tema estrella" de las protestas: el empecinamiento del presidente Francisco Camps de mantener, contra viento y marea, que las clases de Educación para la Ciudadanía se dieran traducidas íntegramente al inglés, pese a las serias limitaciones expresadas en julio por el Tribunal Superior de Justicia en su auto de suspensión cautelar.

La solución técnica que Educación ha ultimado este fin de semana para tratar de salvar el "primer escollo" de la huelga pasa por renunciar de facto a que el inglés sea obligatorio en las clases de Ciudadanía.

Es decir, lo que los directores de los 363 institutos públicos han venido diciendo desde que, en octubre, comprobaron el bajo nivel de comprensión de inglés que tienen los alumnos de segundo curso de Secundaria, donde se ha estrenado esta singular fórmula, y denunciaran el déficit de especialistas de inglés en los centros. Una realidad que la consejería constató en junio cuando sólo encontró "11 voluntarios", con doble titulación de Filosofía o Ciencias Sociales e inglés, y 31 interinos para impartir la materia en la lengua de Shakespeare.

Según ha podido saber EL PAÍS, la secretaria autonómica Concha Gómez y los técnicos de Educación han ultimado "una circular" de tres páginas, donde de manera muy extensa y puntual se otorga autonomía a cada centro para impartir Ciudadanía en valenciano o en castellano, en función de las líneas autorizadas en el centro.

Esta salida jurídica, redactada en forma de circular, permite a la Administración salir del embrollo legal -además, del conflicto educativo- creado por el sinfín de instrucciones emitidas al respecto. Todas ellas "inaplicables" para los directores, y difícilmente asumibles por la inspección eductiva, que es la que tiene que velar por que se apliquen las leyes estatales. De hecho, el "disparate" de la Ciudadanía en inglés de Camps ha transcendido hasta el punto de que 400 inspectores de toda España advirtieron de que la orden valenciana es una "arbitrariedad administrativa" y supone una "instrumentalización" de esta materia de nuevo cuño introducida por la Ley Orgánica de Educación (LOE), que el PP objeta, en su pulso con el Gobierno.El pulso que ha mantenido la Generalitat valenciana con todos los agentes educativos durante tres meses alcanzó su punto de no retorno el 29 de noviembre pasado, con la gran manifestación que reunió en Valencia a más de 44.000 padres, alumnos, profesores, directores, inspectores y ciudadanos en contra de "política educativa de Camps". Ese día se edificó el "puente" hacia lo que, de consumarse, será la "primera huelga general del sistema educativo" el próximo miércoles.

La única manera de desactivar las protesas (que han ocupado un trimestre lectivo completo, y amenazan con extenderse al siguiente) pasa por que la consejería asuma los "13 puntos del Manifesto por la mejora de la educación pública", que han sido el motor de las movilizaciones educativas, que tanto el presidente Camps como el consejero Alejandro Font de Mora tienen en su mano justo desde hace un mes.

La Plataforma, que ha convocado hoy una reunión de urgencia para analizar la propuesta oficial, se ratificó ayer en que la única manera de "aplazar la huelga" -que "no desconvocar"- pasa por "verificar que hay un cambio real en la política educativa". Y el giro debe de ser tanto "formal", para acabar con las actitudes autoritarias y excluyentes empleadas por Font de Mora; como de "fondo". Es decir, que la Administración debe demostrar que, más allá de pactar un "nuevo plan de enseñanza multilingüe", es capaz de cumplir el calendario y los plazos fijados en la propuesta formal que hoy presentará el consejero en persona. Y que, según fuentes oficiales, lleva la rúbrica impresa del propio Camps.

El calendario obliga, pues, a negociar en diferentes niveles y mesas las 13 exigencias para mejorar la enseñanza pública que van desde una red de plazas de infantil al incremento del profesorado de inglés, pasando por la implantación de planes eficaces contra el absentismo y el fracaso escolar.

© Diario EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200

jueves, 11 de diciembre de 2008

martes, 9 de diciembre de 2008

La otra crisis

ROSA MONTERO
La otra crisis

ROSA MONTERO 09/12/2008

Con la congoja y el acoquine que nos produce la crisis estamos descuidando un asunto esencial: la educación. Hace unas semanas se publicó un estudio que demostraba que los profesores tienen la autoestima por los suelos y que están infravalorados socialmente. Me recordó aquel chiste del desaparecido Eugenio: "Mamá, no quiero ir al colegio, los profesores me odian y los niños se burlan de mí. Hijo, no tienes más remedio que hacerlo. Primero, porque es tu obligación, y, segundo, porque eres el director del colegio". El caso es que los profesores se sienten fatal y creen que los culpables son los padres, que cuestionan sus decisiones ante los alumnos (un 75% opina así), y los continuos cambios legislativos (71%).

Es verdad que los profesores españoles están entre los peores pagados de Europa y que cambiar las leyes educativas cada dos días es una estupidez monumental, pero supongo que los docentes también tendrán alguna culpa. Y no sólo ellos: alguna responsabilidad tendremos todos por no haber sabido transmitir el principio de la responsabilidad y del esfuerzo. Somos el segundo país de la UE con más abandono escolar. Y al contrario que el primero, Portugal, que va mejorando, nosotros empeoramos: en 2006 tuvimos un 29,9% de abandonos, en 2007 un 31% (la media de la UE es un 14,8%). Aún más: al parecer la Universidad española es la peor entre los 17 países más avanzados del mundo. Los padres de la España pobre del desarrollismo sabían que la mayor riqueza es una buena formación cultural, y empeñaron hasta las pestañas para que sus hijos se instruyeran. Hoy vamos de arrogantes y de ricos e inauguramos millonarias cúpulas con mucho tronío, pero mientras tanto la sociedad se hace cada día un poco menos competitiva y más borrica. Y eso sí que es una crisis de proporciones incalculables, mucho peor que la de la Bolsa.

lunes, 1 de diciembre de 2008




Este fin de semana ha tenido lugar en mi municipio, L'Alfàs del Pi, el I Foro "MUJER EN LA ACTUALIDAD", organizado por la Asociación MEMBA, Asociación para el desarrollo de mujeres emprendedoras de la Marina Baixa.

La temática del Foro se desarrolló alrededor de cinco mesas de trabajo:

* Equidad de género.
* La mujer y la familia (conciliación vida familiar, vida profesional).
* Mujer, trabajo y salud.
* Nuevas tecnologías.
* Mujeres Empresarias y su aportación a la economía.

OBJETIVOS del FORO

Impulsar la promoción de las mujeres en el mercado laboral
Promover el espíritu emprendedor y la actividad empresarial de las mujeres
Promover actuaciones y políticas tendentes a la conciliación de la vida familiar y la profesional, así como premiar todas las actuaciones que acometan nuestras asociadas al efecto de la mencionada conciliación.
Crear redes de colaboración y coordinación entre todas las asociadas junto con otras asociaciones y fomentar el intercambio de bienes y servicios entre las propias asociadas.
Conseguir cohesionándonos entre todas hacer la fuerza necesaria para que se nos escuche, y se nos trate de  forma que nos merecemos.
Impulsar, orientar, favorecer, potenciar y ayudarte a poner en marcha toda clase de iniciativas y actuaciones tendentes a la formación y desarrollo en el ámbito territorial de nuestra comarca, solicitando apoyo a entidades tanto público como privadas.



Tuve el placer de actuar de secretaria en una mesa. Os paso a continuación las conclusiones a las que llegamos.


MESA DE TRABAJO “EQUIDAD DE GÉNERO”


Antes de empezar a redactar las conclusiones de esta mesa de trabajo quizás nombrar el marco teórico del que hemos partido:

“Se ha producido un gran avance, al menos teórico, en la consecución de nuestros derechos. Hemos pasado de no tener personalidad jurídica y aparecer en el código civil sólo como adúlteras hasta la Constitución de 1978, a tener el marco legislativo más avanzado de Europa con la ley de Igualdad entre hombre y mujeres en 2007”.


CONCLUSIONES


Falta de información.

El desconocimiento de nuestros derechos nos impide alcanzar la equidad de género de manera práctica.

Esta mesa expone como ejemplo el desconocimiento de la ley para evitar el trato desfavorable por embarazo, es fundamental conocer la ley para denunciarlo.

Importancia de la educación.

¿Qué es educar? Practicar aquello que queremos que nuestro menores aprendan. Desde pequeños imitamos comportamientos y actitudes. Eduquémonos. Replanteémonos la educación.

Deberíamos aprender a diferenciar entre responsabilidad y culpabilidad. Nos hacemos responsables de la educación en la medida que nos concierne, sin llegar al sentimiento de culpa.

Es imprescindible conseguir la igualdad para erradicar la violencia de género. Esta mesa considera que la violencia siempre es fruto de la desigualdad.

La crisis del sistema

Se ha producido un rápido cambio en los roles que tradicionalmente desempeñaba la mujer. La mujer se ha incorporado al mercado laboral y al no repartirse las tareas domésticas, duplica su carga de trabajo con la imposibilidad, a menudo, de asumir este doble esfuerzo. Asimismo el sistema social no ha previsto cubrir las cargas familiares, como el cuidado de los dependientes (mayores, niños, enfermos) acentuándose más, si cabe, la desigualdad.

Discriminación positiva

Toda la mesa concluye que mientras exista un desigualdad de partida, es imprescindible que la ley recoja una discriminación positiva para llegar a la igualdad real.